Salud Mental: el Senado aprobó la reforma y Zamora advirtió por el costo para las provincias

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional, con 42 votos afirmativos y 21 negativos, y giró el proyecto a la Cámara de Diputados. La iniciativa introduce cambios en los criterios de internación, incorpora nuevas herramientas para atender las adicciones y mantiene la prohibición de crear manicomios. El debate dejó expuestas diferencias sobre el alcance de la reforma y el financiamiento del sistema sanitario.
 

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de disponer internaciones involuntarias ante un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros. En situaciones de emergencia podrá intervenir un solo médico, mientras que un equipo interdisciplinario deberá revisar la decisión dentro de las 48 horas. Además, se amplía el abordaje de las adicciones para incluir problemáticas como la ludopatía y se establecen disposiciones específicas para la atención de menores.
 

La discusión adquirió un fuerte contenido político cuando el senador santiagueño Gerardo Zamora cuestionó la falta de garantías presupuestarias para implementar los cambios. Advirtió que la reforma asigna nuevas obligaciones a las provincias sin precisar los recursos necesarios y planteó una discusión de fondo sobre el federalismo sanitario: “Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud”, sostuvo. Su intervención puso el foco en una de las principales tensiones entre la Nación y las jurisdicciones provinciales: quién debe financiar las políticas públicas y con qué presupuesto.
 

Desde el oficialismo, la libertaria Ivana Arrascatea defendió la reforma al considerar que la legislación vigente resultaba insuficiente y que el sistema necesita herramientas para intervenir a tiempo. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que las internaciones involuntarias deben ser excepcionales y orientarse a la prevención. En sentido contrario, el senador Guillermo Andrada cuestionó que se atribuya el fracaso del modelo a sus principios, cuando, según señaló, no se garantizaron los recursos para desarrollar el abordaje comunitario.
 

La iniciativa ahora deberá atravesar el debate en Diputados, donde volverán a discutirse sus alcances y condiciones de aplicación. Más allá de las modificaciones clínicas y administrativas, la controversia política ya quedó planteada: la reforma promete nuevas herramientas de atención, pero su efectividad dependerá de que existan profesionales, infraestructura y financiamiento suficiente para convertir la ley en una respuesta concreta para las personas que necesitan atención en salud mental.

Con información de NA /Daniel VIdes (NA) / Redacción: La Rosca