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Actualidad
Jueves 29 de octubre de 2026
La salida de Flávio Bolsonaro rumbo a Estados Unidos dejó de ser una controversia migratoria para convertirse en un problema judicial y político para el Gobierno de Javier Milei. Tres denuncias presentadas en las últimas horas reclaman investigar la posible participación del Presidente, del canciller Pablo Quirno, de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y del asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios. Las presentaciones plantean hipótesis de presunto encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y utilización de recursos estatales para facilitar el traslado del senador brasileño. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y cuya veracidad todavía no fue establecida judicialmente.
Dos de las denuncias tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py: una fue impulsada por el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano y quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, mientras que la presentada por el diputado socialista Esteban Paulón recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Una tercera presentación, de la diputada Marcela Pagano, fue radicada en la Justicia Federal de Misiones, donde ocurrieron los principales hechos cuestionados. Entre los puntos que se busca esclarecer figuran el ingreso de Bolsonaro por el puente internacional Tancredo Neves, el traslado bajo presunta asistencia de fuerzas de seguridad y las condiciones en que abordó un avión privado con destino a Estados Unidos.
Uno de los aspectos más sensibles es la posible utilización de recursos públicos y la intervención de organismos estatales en el operativo. Las denuncias mencionan la presencia de vehículos y agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de una aeronave de Baires Fly que permaneció en Puerto Iguazú a la espera del viaje. También reclaman determinar quién contrató y pagó el vuelo, cuyo costo habría rondado los 140.000 dólares, y qué participación pudieron tener funcionarios de las áreas de seguridad, inteligencia y diplomacia. El cambio en la comunicación oficial —de las primeras versiones que negaban el ingreso a la posterior confirmación de Migraciones— alimentó las sospechas opositoras y elevó la presión sobre la Casa Rosada.
La controversia tiene, además, una dimensión jurídica que excede la discusión sobre los controles fronterizos. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió sobre las implicancias de las normas migratorias vigentes y recordó que el DNU 366/2025 incorporó disposiciones relacionadas con antecedentes penales y requerimientos judiciales. Las presentaciones sostienen que deben esclarecerse las condiciones del ingreso y la salida de Bolsonaro, así como la eventual existencia de asistencia para eludir actuaciones judiciales en Brasil. Sin embargo, la ausencia de una alerta de Interpol, según las explicaciones oficiales, no permite por sí sola dar por probada una maniobra ilegal ni descarta la necesidad de investigar las circunstancias del procedimiento.
El costo político para Milei podría ser considerable si la Justicia encuentra pruebas de una intervención irregular de funcionarios argentinos. El caso pone bajo la lupa la transparencia de los organismos de control, el uso de recursos estatales y la cooperación judicial con Brasil, un socio estratégico de la Argentina. En un escenario regional atravesado por tensiones ideológicas, la Casa Rosada deberá responder preguntas que ya no se limitan al itinerario de Flávio Bolsonaro: también apuntan a determinar si el aparato estatal actuó conforme a la ley o si existió una decisión política que comprometió la credibilidad institucional del país.
Con información de Página 12 / Imagen: AFP / Redacción: La Rosca
