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Actualidad
Jueves 29 de octubre de 2026
La motosierra del presidente Javier Milei volvió a encontrar un límite en los tribunales. La Justicia Federal de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió la aplicación de la resolución 213/2025, que disponía el cese de los servicios de la Dirección Técnica de Metrología Legal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El fallo representa un nuevo revés para la política de reducción del Estado impulsada por la Casa Rosada y reabre la discusión sobre el futuro de los organismos públicos que sostienen capacidades técnicas fundamentales para el desarrollo productivo.
La resolución, dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, prohíbe avanzar con cualquier reestructuración del servicio metrológico. También impide el traslado, la reubicación o la disposición del equipamiento técnico utilizado para desarrollar esas tareas. En materia laboral, establece la garantía de ocupación efectiva para los trabajadores de la Dirección Técnica de Metrología Legal y del Organismo de Certificación, y protege sus remuneraciones y condiciones de trabajo vigentes al 28 de diciembre de 2025.
El pronunciamiento judicial golpea uno de los pilares del discurso oficial: la idea de que reducir estructuras estatales constituye, por sí mismo, una mejora en el funcionamiento de la economía. La metrología legal cumple funciones esenciales para garantizar la precisión de las mediciones, la confiabilidad de los instrumentos y el cumplimiento de estándares técnicos que atraviesan actividades comerciales e industriales. Desarticular esos servicios no significa solamente modificar un organigrama: puede comprometer controles, capacidades profesionales y herramientas que el sector productivo necesita para funcionar.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión judicial como un «enorme triunfo» frente a los intentos del Gobierno de avanzar con lo que definió como el desguace de las dependencias públicas.
"Este fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín no es solo en favor de ATE y los trabajadores del INTI, sino también de decenas de miles de PyMES y del funcionamiento de una buena parte de la sociedad, ya que los servicios que brinda este organismo resultan de una importancia trascendental", sostuvo el dirigente.
La declaración sindical apunta al corazón de la discusión política y económica. Mientras el Gobierno presenta el achicamiento del Estado como una condición para ordenar las cuentas públicas, ATE advierte que el ajuste puede terminar debilitando las capacidades técnicas que necesita la producción nacional. La controversia no enfrenta únicamente a funcionarios y trabajadores estatales: también plantea qué herramientas conservará la Argentina para controlar la calidad, garantizar estándares y acompañar el desarrollo de su industria.
Aguiar ratificó, además, la voluntad de profundizar la confrontación con la administración libertaria y reclamó avanzar con un plan de lucha frente a las políticas de reducción del sector público. "Está demostrado que si luchamos colectivamente, frenamos el desguace y desmantelamiento que pretenden llevar adelante en el Sector Público", afirmó.
La resolución no constituye un episodio aislado. A fines de mayo, el mismo juzgado había concedido otra cautelar solicitada por ATE para suspender la aplicación de la resolución 42/2026, vinculada con el cese de más de 900 servicios del INTI. Aquella medida también había encendido las alarmas por el impacto potencial sobre actividades industriales y controles esenciales para la sociedad.
Entre los servicios comprometidos se encontraban ensayos microbiológicos relacionados con alimentos, análisis de contaminantes, controles de calidad del agua y efluentes, pruebas de materiales industriales y verificaciones vinculadas con combustibles. También estaban alcanzados servicios de metrología y calibración de instrumentos, áreas directamente relacionadas con las funciones que ahora vuelven a quedar bajo protección judicial.
ATE había cuestionado entonces que el Ejecutivo utilizara argumentos presupuestarios para justificar medidas que, según el sindicato, podían desarticular prestaciones esenciales. La organización también sostuvo que los servicios del INTI son abonados por las empresas usuarias y defendió la capacidad del organismo para sostener sus actividades.
La reiteración de las intervenciones judiciales deja un interrogante político de fondo: hasta dónde puede avanzar el Gobierno con su programa de ajuste cuando las decisiones administrativas afectan la continuidad de servicios públicos y los derechos de los trabajadores. Aunque las cautelares no resuelven por sí solas toda la disputa de fondo, sí establecen límites concretos a las medidas cuestionadas mientras se sustancia el conflicto judicial.
Tras conocerse el fallo, Aguiar endureció sus críticas contra Milei y sostuvo que la decisión judicial confirma la necesidad de enfrentar colectivamente las políticas de desmantelamiento estatal. "Ahora queda claro que no pueden cerrar ni pueden echar a nadie. Es la Justicia la que dice que Milei actúa de manera ilegal y que nosotros tenemos estabilidad", expresó.
Las declaraciones del dirigente reflejan la disputa entre dos concepciones contrapuestas del Estado. De un lado, un Gobierno que busca reducir estructuras, modificar organismos y recortar funciones bajo el argumento de la eficiencia económica. Del otro, trabajadores y organizaciones sindicales que advierten sobre las consecuencias laborales, sociales y productivas de esas transformaciones.
El caso del INTI adquiere especial relevancia porque su función excede el empleo público: sus capacidades técnicas están vinculadas con la calidad de los productos, la seguridad de los procesos industriales y la competitividad de miles de empresas. Debilitar esas herramientas puede tener consecuencias que trasciendan el ahorro presupuestario inmediato y repercutan sobre el conjunto de la economía.
El fallo representa una nueva señal de advertencia para la Casa Rosada: el ajuste no elimina la obligación de respetar la ley ni garantiza que el desmantelamiento de estructuras públicas sea inocuo para la sociedad. La discusión sobre el INTI vuelve a poner en evidencia que detrás de cada recorte no hay solamente números, sino puestos de trabajo, capacidades estratégicas y un modelo de desarrollo en disputa. Y, una vez más, la Justicia se convirtió en un escenario central de esa confrontación.
Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca
